Padre, Hijo y Educación en valores

“Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican” (Lucas 8, 19-21).

Uno de los asuntos en los que más a menudo ocurre que lo que yo veo como lo más obvio del mundo, casi todo el resto del mundo lo ve al contrario (dejando aparte las cuestiones metafísicas y demás) es el asunto de quién debería elegir la educación que “se le dé” a un niño. Yo creo que debería resultar claro que es el propio niño (aconsejado e informado de manera conveniente, pero no forzado) quien debe tener la última palabra. Pero incluso a gentes por lo demás muy contrarias a todo lo que suene a imposición (sobre ellas), les parece chocante e inaceptable. Intentaré explicar un poco mejor mi posición.

Muchos de quienes piensan que el Estado no tiene legitimidad para manipular desde pequeños “nuestras” consciencias, creen que la “educación en valores” (moral, pero también afectiva, etc…) es un derecho de las familias o los padres. Algunos de entre ellos dicen que la escuela debe estar meramente para instruir (enseñar cosas técnicas, como matemáticas o química). Otros, más inteligentemente, conscientes de que no hay instrucción sin educación implícita, creen que tiene que haber tantas escuelas accesibles como gustos tengan los padres, o, si no, permitirse a las familias que eduquen-instruyan en su propio seno. A mí, sin embargo, esto me parece, ni más ni menos, trasladar la legitimidad de la posibilidad de manipular, desde el Estado a la Familia o Padres. Es Patriarcalismo, o Familiarismo, si se quiere. Y no tiene, creo yo, un ápice más de justificación que el Estatalismo o el Eclesialismo. Si se trata de proteger a todo individuo, desde su nacimiento, de la manipulación o el adoctrinamiento, se trata de protegerlo del adoctrinamiento y la manipulación vengan estos de donde vengan, de la Sociedad o de los Padres, o de la Iglesia... 

El problema es, pues: si existe una diferencia entre, por una parte, educar, y, por otra, adoctrinar y “manipular”, ¿quién tiene que decidir esto? ¿Acaso la Familia, o los Padres? ¿Por qué habría de ser la Familia la institución facultada para educar en cómo vivir una vida buena o correcta? ¿Es que la familia tiene en sí esos criterios? No creo que nadie pueda justificar tal cosa. Desde luego, y fijándonos, para empezar, en lo afectivo, no es necesario recordar que la familia no es solo ese seno de amor y cuidado que pintan algunas postales (postales que comparten los “liberales” de derechas y de izquierdas, aunque con peinados diferentes), sino también el ámbito de la violencia y el maltrato domésticos, violencia y maltrato, por cierto (voy aquí a hacer algo por perder otros cuantos amigos) que sufren más los menores que las mujeres (aunque en los casos de las mujeres suelen ser puntualmente más graves, por ciertas razones): en la mayoría de las familias se habla y trata al menor de tal manera que, si se hiciese eso sobre un adulto, varón o mujer, se consideraría una inaceptable falta de respeto. También la legislación es más permisiva en general  (casi salvo en cuestiones “teológico-morales”) con la violencia y el maltrato doméstico sobre el menor  que con la violencia doméstica entre adultos (aunque a muchas personas les escandalice oír esto como si se tratase de una enorme falsedad): solo desde hace pocos años los códigos legales más avanzados prohíben el castigo “físico” más explícito (todos los castigos son físicos, pero todos son, también y sobre todo, psíquicos), y lo toleran cuando está más o menos encubierto. Hace muchísimo más que se abolió el castigo físico sobre la mujer o sobre el subordinado. Pero es que, además, la educación moral no es algo meramente afectivo, ni es algo que la Familia, por su esencia, esté en condiciones de proporcionar. Yo comparto el ideal, “anarquista”, de convivencia en un grupo humano donde cada uno se realiza junto con otros mediante relaciones no coercitivas, y no identifico a la Sociedad con el Estado y rechazo el derecho del Estado al monopolio de la fuerza, pero tampoco identifico, ni mucho menos, ese tipo de grupo ideal de convivencia racional y libre, con la Familia ni con un parecido suyo, si por Familia hay que entender una institución donde el monopolio de la ley y la fuerza la tienen los padres o los adultos en general.

Hay una dialéctica Familia – Estado que, como toda dialéctica, no se soluciona eliminando abstractamente uno de los polos, aunque tampoco manteniéndolos en un enfrentamiento horizontal, sino insertando y sublimando el uno en el otro. Este enfrentamiento o dialéctica tiene que ver de manera esencial, precisamente, con la crianza y (también con) la educación, que son las funciones que la naturaleza parece haber puesto en manos de la Familia, pero también del resto de los humanos, si es verdad eso de que nada humano me es ajeno. Tomados, por un lado, el padre (en sentido –en principio- indiferente, padre o madre) como educador, frente, por otro, el Estado como educador (o, mejor, la Sociedad, para no excluir una posición no-estatalista), se trata del enfrentamiento de dos “instituciones” o instancias humanas por el derecho a crear o promover al individuo humano pleno. Dando por supuesto que el menor “necesita” educación (aunque no deberíamos olvidar que el adulto también la necesita, a su modo y medida, lo que complejizaría este análisis, precisamente a favor de lo que quiero defender), cada una de esas instituciones o instancias, Familia y Sociedad, tiene sus razones para reclamar el derecho-deber de participar en la educación del menor. La Familia, los padres, tienen, respecto del hijo, la prioridad en la proximidad o “projimidad”, genética y afectiva: nadie quiere a un hijo tanto como unos padres, que son los individuos naturalmente más próximos y prójimos a él (aunque esta projimidad disminuye a medida que el individuo humano se independiza de lo filogenético). La Sociedad, en cambio, es la que considera al hijo en tanto que un individuo entre otros, es decir, desde una perspectiva universal, más estrictamente racional y menos afectiva. ¿Cuál de esas instancias puede suministrar mejor los patrones morales? Parece “sencillo”, en principio: la Sociedad debería proporcionar los patrones más universales (unos mínimos que garanticen la igualdad entre individuos, independientemente de su procedencia, incluida, desde luego, la genética y familiar en general), y la Familia los más particulares que no entren en conflicto con aquellos (unas maneras concretas de hacer las cosas, unos hábitos, etc). Dado que no se puede garantizar la igualdad y la justicia sin garantizar el conocimiento, la sociedad debe garantizar una cierta educación a todos. Etc.

¿Por qué esto no resulta convincente? ¿Por qué hay conflicto entre Familia y Sociedad por la educación de los menores? Es claro: no hay ninguna certeza, para un padre o una madre, de que el Estado, o la Sociedad, en cuanto entidades fácticas, estén en condiciones de proteger auténticos derechos naturales en vez de, más bien, imponer unas normas supraindividuales y suprafamiliares sin más amparo que la fuerza (aunque esto se minimiza en las sociedades que no se organizan estatal-coercitivamente). Es decir, el Individuo-padre puede perfectamente disentir de los criterios de la Sociedad en la que vive, y no considerarla legitimada para educar en valores. Eso es lo que conduce, a mi juicio, al mejor sustento ideológico del anarquismo o autarquismo, es decir, al rechazo de que la ley positivamente establecida tenga más legitimidad de la que le dé mi consciencia, mi voluntad. Como individuo racional y libre puedo y debo rechazar todo aquello que no me parece correcto, por más “positiva” o fácticamente establecido que esté (aunque puedo considerar tolerables males menores por mor de la construcción de una convivencia social). Pero ¿puede conducirnos esto (mi posición como individuo frente a la Sociedad) a la idea de que quien goza de legitimidad natural para educar al menor es el Individuo-Padre, o la Familia? No: la Familia estaría guardando respecto del menor, en ese caso, una relación análoga a la que el Estado guarda para con el individuo, y que rechazamos. El Padre tiene tan poco derecho a manipular al hijo, como la Sociedad lo tiene para coaccionar al Individuo. Eso salvo que pensemos que a) no hay criterios naturales de lo bueno y justo, y/o b) que los menores no son aún personas básicamente completas, con criterios propios de lo que quieren y les conviene.

Muchas veces, cuando se reclama para una institución (Estado, Familia…) el monopolio o la prioridad del derecho y deber de educar en valores, se parte del supuesto, quizás inconsciente, de que, en realidad no hay ningún patrón objetivo que dirima entre las diferentes alternativas posibles o concebibles. Así, el Familiarismo o Paternalismo, queriendo escapar de la mera legislación positiva (impuesta) del Estado o de la Sociedad, cae en el positivismo de la Familia: bueno para educar es lo que la familia determine. Esto es, como mínimo, tan arbitrario como cualquier otro positivismo jurídico (por ejemplo, el estatal o el eclesial). La única manera de escapar al positivismo, es reconocer unas cualidades “naturales” o esenciales, también en el menor. Así pasamos al segundo punto:

El niño no es meramente el hijo de los Señores tal y cual, ni un habitante del Estado o la Sociedad tal o cual, es decir, una materia prima, un bloque de mármol en bruto, con la que crear el hijo o el ciudadano que deseamos. Es más bien, como mínimo, la pieza de mármol de la que hablaba Leibniz (que contiene en el interior, en sus vetas, la imagen de una persona); o el alma que describe Platón, caída en el mar y llena de adherencias extrañas de las que limpiarla para dejar aflorar su verdadera imagen (sin olvidar que estos símiles, de lo puro envuelto en ganga, valen también para el adulto). Y hay tanto una naturaleza de eso que está dentro del bloque de mármol o tras las adherencias, como unos criterios para saber cuándo se accede a ella. Esa naturaleza interior es la de un ser racional, libre y sensible (capaz de sentir dolor y placer). Quien niegue estos “mínimos”, esta esencia humana, no puede, desde luego, distinguir entre educar y manipular, y se queda por siempre confinado en el terreno del derecho positivo, es decir, de la mera fuerza (no de la fuerza de las razones, sino de las razones de la fuerza). Y los criterios para distinguir cuando el cincel está quitando mera escoria y cuándo está rompiendo un nervio de la figura, son claros también: el sujeto no puede verse forzado, tratado contra su naturaleza racional, libre y sensible. No se puede educar a un ser racional mediante el oscurantismo y el “respeto” a la autoridad no comprendida, mediante la coerción y mediante el dolor.

La sociedad, como colectivo y unidad, tendría que garantizar, pues, lo menos coercitivamente que pudiera, que cada individuo es educado, es decir, que es ayudado a conquistar su racionalidad, su libertad y su felicidad. Y esto implica no permitir una educación que no esté basada en la racionalidad, en el ejercicio de la libertad, y en la felicidad. El mismo criterio que sirve para proteger al individuo del despotismo del Estado, sirve para defender al menor del despotismo del adulto, sea este en forma de Estado o de Familia. Y la misma dialéctica entre lo positivo y lo suprapositivo, que se presenta en el caso del Individuo frente al Estado, se presenta en el caso del Individuo frente al Educador. El educador positivo o fácticamente existente debe ser juzgado a la luz del Educador natural-racional o suprapositivo, aunque este no cuente con la fuerza material para imponerse: el otro, sin este, no cuenta con la fuerza de las razones para ser legítimo.

Por supuesto, en todo esto es deseable y exigible la mayor tolerancia, porque todos podemos estar equivocados y también precisamente porque la ley pierde legitimidad cuando se impone a la fuerza. Pero no se puede ser tolerante con el intolerante, aunque este sea un padre. Un padre que educa a su hijo en el oscurantismo (es decir, sin proporcionarle la mayor cantidad de información y, sobre todo, sin fomentar su capacidad crítico-racional), por medio de la coerción (es decir, sin respetar su voluntad última) y el dolor (el hastío, el aburrimento, etc.) no tiene legitimidad para educar. Por tanto, no es el padre, sin más, quien tiene el derecho a educar. ¿Por qué esto no resulta obvio a muchos? Porque vivimos, más todavía que en un patriarcado, en un adultarcado, es decir, una dominación ilegítima del adulto sobre el menor.

¿Está justificada la escolarización obligatoria?

Interrumpí mi educación para venir a la escuela (Graffiti)

En España, desde la última ley de Educación (del partido socialista), aún vigente, quedó establecida de manera no ambigua la obligatoriedad de la escolarización para todas las personas entre los seis y los dieciséis años. La educación no-reglada, tales como la educación “en casa” (homescooling) es ilegal aquí (no en otros países: por ejemplo, Francia, Irlanda, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Taiwan, Chile o Japón). También la mayoría de las iniciativas de escuela “alternativa” están fuera de la legalidad, sea por motivos burocrático-económicos o curriculares. Algunas familias españolas se saltan la ley y educan fuera de las escuelas reconocidas, sean públicas o privadas. ¿Está justificada la obligatoriedad de la escolarización? O incluso, más en general, ¿está justificada la obligatoriedad de cualquier tipo de educación contra la voluntad del individuo que va a ser educado? Sería de esperar (aunque mucha gente no cae en esto habitualmente) que toda medida obligante que el Estado impone a un individuo, cualquier restricción de la libertad o del deseo de uno, tenga una poderosa justificación.

La escolarización obligatoria, como sabemos, fue un gran avance social. Desde luego, lo es respecto de la privación obligatoria de acceso a la educación (aunque ¿la obligatoriedad no es, en el mejor de los casos, un mal necesario, no algo intrínsecamente deseable?). Antes, en España, no podías elegir estudiar. Ahora no puedes elegir no hacerlo, y de la manera en que se te impone. La escolarización masiva y obligatoria ha conducido a la alfabetización y “ciudadanización” casi universal, allí donde se ha cumplido. Sin embargo, hay detractores de la Escuela y su obligatoriedad, que creen que, consciente o inconscientemente, es el órgano de manufactura de ciudadanos obedientes y acríticos y trabajadores eficaces y controlables, mediante métodos mecánicos y competitivos, que no respetan el deseo y los sentimientos del educando. Quienes asisten a la Escuela, en su inmensa mayoría, no tienen una buena opinión de ella: la perciben como bastante inútil, aburrida y estresante. ¿Quizás es que la naturaleza humana necesita ser forzada para que aprenda? No está claro. Lo que sí parece claro es que está por demostrar que la Escuela puede ser ese lugar de crecimiento racional, libre y feliz, que se figura a veces en los trípticos publicitarios de los colegios e institutos (sobre todo de los que intentan captar clientes). ¿Cómo justificar, en esta situación, la obligatoriedad de escolarización?

Puede apelarse tanto a un argumentario utilitarista como a uno más “deontológico”. No es conveniente -dice el primero- que nuestros conciudadanos sean salvajes que no sepan siquiera hablar. Y, cuanto mejor estemos educados todos, mejor nos irá a la mayoría. Más aún -dice el segundo tipo de argumentos, más “republicano”-, es necesario garantizar el derecho de todos a ser verdaderamente libres y realizarse plenamente como personas, aunque uno no quiera o no sepa que lo quiere. Un ignaro no es libre, por más que él crea que hace lo que le da la gana. Su voluntad debe ser pulida, y su intelecto, cultivado. Esto –añaden los partidarios de la escolarización obligatoria- solo se garantiza suficientemente en la Escuela. Si estuviese permitido al niño (o a los padres) no ir (o no llevarlo) a la Escuela, se estaría dejando de garantizar, no solo la convivencia, sino, sobre todo, el derecho del niño a ser plenamente humano. Por tanto, el Estado tiene legitimidad para, y hasta la obligación de, obligar a educarse y escolarizarse.

Ahora bien, por ese camino, proteccionista y paternal, el Estado podría llegar a prescribirle a cada uno la dieta que más conviene a su salud, las lecturas que necesita, el color de la pared de su habitación… “Objetivamente”, un médico sabe más que tú acerca de tu salud. Y a todos nos conviene, y tú te mereces, una vida lo más larga y sana posible. Un lema de una campaña de Tráfico de hace no más de cuatro años lamentaba “no podemos conducir por ti”.

Pero ¿podría una persona desear razonablemente que el Estado le prescribiese la dieta o que condujese por él? ¿Hasta dónde es razonable que el Estado pueda intervenir en las vidas de los individuos? ¿A quién se refiere ese “podemos” de la campaña de Tráfico?, ¿quién es ese sujeto? ¿Quién sabe tanto como para saber qué nos conviene? -dice la queja eterna (y justa) contra el estatalismo “socialista” o contra la dictadura utilitarista de la mayoría-; y, sobre todo, ¿cómo puede mostrarnos, ese ser superior, que sabe lo que nos conviene, y que no es un manipulador que pretende diseñar nuestras vidas? Por eso, dice el “liberal”, mejor es dejar a cada uno que tire, cuanto sea posible, por donde le dé la gana, sin pedirle cuentas de cómo se educa o deja de educarse. Parece, pues, que tenemos que elegir entre estatalismo manipulador o individualismo montaraz, entre universalismo impuesto o egocentrismo libre.

Esta dicotomía, sin embargo, tiene poco de convincente. No es una auténtica dicotomía porque nos propone elegir entre dos irracionalismos. Pero se trata, recordemos, de buscar una justificación racional para una obligación. Las justificaciones racionales son universales y, por tanto, deben ser compartibles por todos los seres capaces de razonar (después de un proceso de deliberación y diálogo): no hay una razón para uno solo, uno tiene que poder universalizar sus máximas, si quiere ser tomado por razonable; pero, por supuesto, el “ser compartibles por todos” de las justificaciones racionales significa que deben ser compartibles por cada uno (eso es lo que significa ahí “todo”) y, concretamente, debe ser compartible por aquel para quien puede servir de justificación racional. Para mí estará justificado todo y solo aquello que sea una justificación racional para mí. Si falta el “racional” o falta el “para mí”, no es una justificación para mí, obviamente. Y, si no es una justificación para mí, ni puedo ni debo aceptarla.

Al individualismo irracionalista le falta el “racional”. Y al estatalismo coercitivo, el “para mí”. Ningún individuo puede convertir una creencia irracional suya en algo justificado para mí. Y ningún tipo muy listo ni un colectivo de tipos listos pueden suplir mi propia justificación racional. Aquí la democracia está en el mismo saco lógico que la peor de las dictaduras. Como le decía Sócrates a Polo (en el Gorgias), no necesito que me traigas a toda una masa como argumento, me bastas tú, y es a ti a quien tengo que convencer. Dos visiones, pues, son capciosas: aquella según la cual cada uno tiene su razón y vive en un mundo propio (que decía Heráclito), y aquella otra que se erige en portadora del Logos y cree al individuo humano una mera parte de la sociedad. Ambos infravaloran a la persona.

Centrémonos en el error del estatalismo, ya que es este el que puede defender la obligatoriedad de la escolarización. En realidad, un individuo personal no puede ser esencialmente inferior a la sociedad. Nada puede ser superior a un individuo personal. Una persona es un ser libre, es decir, racional. Si tuviera que aceptar una instancia superior, que él no está en condiciones de entender, no sería libre. Es verdad que hay unos criterios racionales supraindividuales (tales como la coherencia, la no-arbitrariedad, la capacidad crítica, etc.), pero, si yo soy un ser racional, estos criterios tienen que funcionar conmigo. La relación entre los individuos de una sociedad es la relación entre múltiples casos de la misma racionalidad, depositada en cada uno, no la de partes incompletas en un todo mayor que ellas.

Huyendo del estatalismo no tengo por qué caer, pues, en el individualismo fanático, o viceversa. Si un individuo me dice que desea “educar” a su hijo en un libro sagrado, evitándole cualquier otro conocimiento, especialmente cualquier conocimiento que pueda ser crítico para con su libro, seguramente este individuo no puede darme una justificación racional de su conducta. Y lo mismo podría decirse de un niño que quisiera dedicarse a contar la hierba o a dormir todo el día en el sofá.

Ahora bien, ese niño, por más que le interese creer lo contrario al partidario de la obligatoriedad, no existe. Los niños son seres llenos de curiosidad, curiosidad que suele morir en la escuela (sea pública o privada). Y aquellos padres fanáticos son mucho menos numerosos de lo que le interesa creer al estatalista. La mayor parte de los padres son capaces de reconocer cuándo sus hijos están en mejores manos educativas que las suyas propias, y los fanatismos no son tanto cosa individual como, precisamente, de instituciones supraindividuales, tales como Iglesias o Estados-Naciones. Los padres que optan por la educación en casa, no son personajes del viejo Oeste, que sacan su escopeta cuando ven al representante de la autoridad, sino ciudadanos que tienen buenas razones para sacrificar mucho de su vida en aras de una educación más respetuosa y menos mecánica de sus hijos. Y no están en contra de justificar por qué educan a su hijo como lo hacen, ni de que exista una inspección social que garantice que su hijo se está educando y no está abandonado. Están, simple y razonablemente, en contra de que el Estado les imponga una forma irracional de educación.

Si alguien, o un grupo, en presunta representación de algo presuntamente superior a mí (el Estado, la Patria…), me quiere obligar a aprender ciertas cosas, de cierta manera, contra mi voluntad, sin que pueda darme razones convincentes para mí de la bondad de eso, es decir, sin que yo asuma eso como propio, ese alguien o ese colectivo carece de justificación para obligarme, aunque tenga la fuerza para hacerlo, y aunque sus intenciones sean las más “bondadosas” por él concebibles. Y su resultado será, con total necesidad, malo, porque me está coaccionando para ser libre, y obligando a creer sin entender para ser racional.

El Estado debería preocuparse de garantizar las condiciones necesarias para que todo individuo pueda acceder equitativa y libremente a la educación, en un ambiente libre y crítico; y de ofrecer o promover escuelas tales que uno consideraría una desgracia no acudir a ellas. Sustituir su déficit en estas tareas, por obligaciones, es un fraude, y lo menos pedagógico concebible.

Por tanto, es una falacia que yo esté obligado a aceptar al fanático si pido libertad de educación para mí o para mi hijo. Si un individuo, o una familia, tienen razones para creer que la escuela es mala, no hay justificación, ni para ellos ni para nadie, de la obligatoriedad.

A lo largo de esta discusión he obviado el problema de quién tiene que elegir la educación de una persona, ya que no es solo ni principalmente el Estado. Diré brevemente que pienso que, lo mismo que no puede imponerla el Estado, tampoco puede hacerlo la Familia, o sea, los Padres. Por muy bondadosas que sean las intenciones de los padres, no justifican la imposición contra la voluntad del hijo. Y el Estado tiene que proteger la libertad inalienable del hijo contra el despotismo paterno, tanto como le protege del despotismo del propio Estado. No obstante, los padres tienen una mayor responsabilidad y, por tanto, un mayor “derecho de influencia”, para con el hijo. No discutiré con detenimiento esto ahora. Ya sé que muchos teóricos estatalistas, desde Platón a Hegel, piensan que la Familia es una instancia menos legítima que el Estado. Pero esto no me parece nada claro. Conozco familias en las que hay una relación entre sus miembros más racional y libre que la que hay entre los ciudadanos de un Estado. Al fin y al cabo, no conozco ningún Estado que se funde en el respeto a la persona en cuanto mero ente racional, sino que todos los "realmente existentes" se basan en identidades nacionales o étnicas, que, a decir de los nacionalistas y etnicistas, es "un sentimiento". De todas maneras, el verdadero sujeto libre es el individuo racional, incluso en su fase de niño. Un niño es un ser dotado de voluntad, y cualquier fuerza contra esa voluntad, carece de justificación.

Pero ¿y si se quiere tirar por la ventana? –suele volverse a preguntar aquí-. Este, como decía antes, es el tipo de pseudoejemplos pesimistas (y pésimos) que necesita el partidario de la coerción, pero que, por suerte, no existen. Un niño que ha sido tratado respetuosamente desde el primer día, confía plenamente en la recomendación de sus padres y de aquellos que le rodean. Al contrario, un niño maltratado, es decir, obligado (a comer, a qué comer, a dormir y cuándo dormir…), tiende a contravenir los consejos de los maltratadores, incluso si piensa que le beneficiaría seguirlos, por un acto “lógico” de reivindicación de su dignidad.

El Estado, y los Padres, ejercen la violencia casi constitutivamente, y tienden a disfrazarla de protección del individuo y del hijo, para justificar la cual tienen que pintarnos como individuos tendentes al error y necesitados de guía desde nuestros primeros días. En realidad, es abuso de poder, manipulación y dominación. El Estado, o la Familia, están en manos, siempre, de individuos. Y ningún individuo o grupo de individuos es más racional que tú. Al contrario, el uso de la coerción y la fuerza, procede de una debilidad humana, demasiado humana.

¿Estado de Derecho?

En épocas críticas es cuando se queda uno más desnudo, y lo mismo le pasa a la política. Con la crisis es más descarada que nunca la demagógica mentira que supone eso de que vivimos en un "estado de derecho". En épocas de bonanza, uno tiene la vista (como el resto del organismo) muy gorda para la falta de legitimidad.

El actual gobierno legisla todos los días incumpliendo cada una de las "promesas" electorales, y sin embargo se  sienten formalmente legitimados para hacerlo. Además, lo que hacen -nos prometen- es justo y necesario, bueno para nosotros.
Exactamente lo mismo hicieron José Luis Rodriguez Zapatero y los suyos cuando, tras llegar inopinadamente al gobierno gracias a un atentado islamista, se pusieron a legislar cosas que sabían que no estaban en su programa y que, de haberlas sometido a referendum, las habrían perdido (concesiones a nacionalismos, matrimonios homosexuales, etc).  Claro que, entonces como ahora, la inmensa mayoría de los que esta(ba)n de acuerdo con esas medidas, creían que el fin justifica los medios.

Pues bien, eso de hacer en el gobierno lo que uno cree que es bueno, justo y necesario, aunque no tenga nada que ver con la propaganda que usó para llegar hasta al poder, es precisamente la definición de totalitarismo. Hitler, por ejemplo (y Stalin) no tenían otra palabra en la boca: esto que hago, (hijos míos) es bueno para vosotros, aunque quizás no seáis capaces de percibirlo, Y estoy legitimado a hacerlo, porque alguna vez me votasteis.

Pero es que lo mismo hacen todos, porque, en verdad, lo del "estado de derecho" y el cumplimiento de las leyes es una ficción. Sólo tienen que cumplirla rigurosamente los gobernados (y solo los que estén en contra de los gobernantes). Los gobernantes, hoy como cuando así lo defendían Hobbes y también Kant, están fuera de la ley, y no tienen ningún compromiso legal. Ellos solo hacen "promesas" (como aprendices de mesías). Si lo hacen mal, simplemente "la historia me juzgará", que dijo Tony Blair.

Por tanto, nada de estado de derecho. Y, por eso, no hay que aceptar que quien se opone al gobierno ilegalmente lo hace ilegítimamente: no hay legitimidad política si no se sustenta en una legitimidad moral. La revolución está tan justificada como siempre. Pero tiene que darse antes en uno, moralmente. Así que, quizás los gobiernos paternales puedan dormir tranquilos mucho tiempo... o no.

Por qué soy "anarquista"

Kant defendió, al parecer, que es siempre ilícito resistirse al poder establecido.

Digo “al parecer” porque, aunque insistió en esa tesis en varios lugares, no parece consistente con lo que también alguna vez advirtió: que un régimen que no permite expresar la opinión, o que establece una legislación inmodificable para siempre (como, por ejemplo, un régimen teocrático) es injusta e ilegítima. ¿Es justo no resistirse a un régimen injusto?

Pero, en la frase con la que he comenzado, no sólo la palabra Kant está sujeta a interpretaciones. También qué significa “ilegítimo” o “establecido” es discutible, o, mejor dicho, lo discutible.

La tesis de la irresistibilidad del poder establecido, la construye y sustenta Kant más o menos de la manera siguiente siguiente:

• El derecho (y la política, como gestión suya) consiste en la regulación de los actos materiales (fenoménicos) de las personas, encaminada a proteger las libertades de todos en coexistencia.

• El derecho efectivamente establecido emana, pues, de un Derecho Natural, que dicta que las personas deben ser tratadas con respecto, no meramente como medios, etc.


• El poder político (o la Constitución) es “sagrado”, es decir, es algo ideal, fundado en el orden moral espiritual o nouménico.


• El soberano es, por tanto, sagrado.


• Si se quisiese poner en cuestión la legitimidad del soberano (del poder “establecido”), no habría a dónde acudir para juzgarlo.


• Por tanto, el poder establecido no puede ser juzgado, y, por tanto, nunca es lícito resistirse a sus leyes.

Es tan fácil sentir odiosa esta tesis de Kant como difícil es rebatirla, es decir, rechazarla con algo más que buenos sentimientos. Juzgar si es correcta o no implica ni más ni menos que tener una solución al fundamento de la soberanía. ¿Qué fundamento tiene un orden jurídico (político) justo? ¿Quién es legítimamente soberano? A esto puede darse diferentes respuestas.

Dejemos aparte la (presunta) respuesta “positivista”, según la cual “legítimo” equivale a ““establecido” efectivamente (es decir, “de hecho”, materialmente) en el grupo social del que se trate”. En caso de que esta tesis tuviese sentido político, según ella serían ilegítimas todas las rebeliones contra lo “establecido”, o bien serían todas legítimas. Pero, en realidad, esta tesis no es una tesis política, es decir, con valor normativo o validez política o jurídica (a lo sumo es una tesis sociológica, pero tautológica), ya que a partir de “esto está establecido en este grupo” no se infiere “esto es legítimo”, es decir, “esto debe obedecerse”. Esto lo doy por discutido. Si menciono esta tesis es por el poder que tiene en muchos cerebros modernos, bajo la presión del reduccionismo naturalista.

¿Qué alternativas reales hay en la filosofía política? Es decir, ¿de qué maneras se puede fundamentar la validez de las normas políticas? Cuando alguien dice: “esto debe ser obedecido” ¿qué haría legítimo o ilegítimo tal imperativo? Dividiéndolas en dos, hay quienes piensan que hay una base natural para los valores, incluidos los valores ético-políticos y, por tanto, para la soberanía (iusnaturalismo), y quienes creen que no la hay (no-naturalismo jurídico-político –a veces mal llamado “positivismo” y confundido con él-).

Quienes sostienen que no hay una base natural para las leyes, y aún quieren explicar el carácter normativo o imperativo de ellas sin incurrir en la falacia del positivismo, tienen que atribuir a alguna entidad de tipo personal (los hombres, los dioses, los más fuertes…) ¿Es una respuesta de este tipo… legítima? Contestar a una pregunta como “¿por qué debo obedecer esta norma?” con algo como “porque así lo establecieron tus ancestros”, o “porque así lo establece el rey” o “porque así lo establece Dios”, o “porque así lo deciden los que tienen la fuerza” no es del todo idéntico a decir “porque sí”, pero es casi indistinguible. Por eso es fácil confundir estas respuestas con la tesis positivista, que reduce lo normativo a fáctico, la validez a hecho. El no-naturalismo no incurre en esa falacia, pero hace completamente irracional y arbitraria a la ley. Contra una tesis de este tipo siempre habrá que dirigir la pregunta que Sócrates le hizo al sacerdote Eutifrón: ¿las normas que establecen los dioses (o, digamos, el rey, o los padres, o los más fuertes…) son justas porque las establecen ellos, o las establecen ellos porque son justas? Pocos fanáticos (entre ellos, sin embargo, hay que incluir a muchos líderes intelectuales modernos, desde Lutero a Wittgenstein) se quedarán con la primera opción.

Quedan las teorías del Derecho Natural (entendiendo por “natural” algo no arbitrario ni subjetivo, sino objetivo y racional). Una de ellas es precisamente la de Kant, que cree deber deducir de ahí que siempre y en todo caso es ilícito rebelarse contra el poder establecido. Con puntos de partida similares, Fichte y otros, en cambio, creían lo contrario. Tomás de Aquino y sus seguidores (y es, “por tanto”, la postura oficial de la iglesia católica) también creen que en caso extremo es lícito rebelarse. ¿Quiénes están en lo cierto?

Ya en su época se le hizo a Kant la objeción de que, incluso ateniéndose a su propio sistema filosófico, él mismo, al sostener la irresistibilidad política, confundía al gobernante fenoménico con el ideal. Podemos aceptar que hay una constitución “sagrada” e inviolable, medida de todas las constituciones políticas justas, pero no hay por qué aceptar que el primero que llegó al poder (quizá por herencia familiar de otros que llegaron al poder mediante guerras, por casamientos reales, etc.), es el legítimo representante material de la soberanía sagrada. Es decir, no hay por qué aceptar que el que se llama a sí mismo gobernante (o es llamado así por otros) es legítimamente legítimo, precisamente porque el Derecho Natural (es decir, el nouménico o “sagrado”) no es el mismo que, ni se reduce al, derecho efectivo o de hecho “establecido”.

Sí, es una buena objeción. Ahora bien, contesta Kant a este tipo de pegas: ¿a quién vamos a recurrir para que decida si es legítimo o no el gobernante que nos ha tocado en suerte, y si son justas o no las leyes que establece? Siempre tendremos que acudir a una institución existente de hecho, o sea, fenoménica. Alguna instancia material debe ser inapelable.

Aquí habrá la fuerte tentación de acudir al “pueblo” en busca de tribunal último. ¿No cree el propio Kant que toda persona es igual y tiene, por tanto, el mismo derecho de soberanía? ¿No se funda el derecho en un contrato a priori entre iguales (o entre desiguales con un velo de ignorancia de desigualdades)? Pero este argumento es falaz. Cuál sería el resultado de ese contrato a priori o nouménico no es algo que se pueda calcular democráticamente; cómo hay que llevar a cabo la mejor convivencia de las libertades de cada uno, es un asunto diferente al del origen de la soberanía: el republicanismo no implica directamente a la democracia.

Entonces, supongamos que me planteo cómo debo actuar ante cierta situación política: si debo aceptar lo que ha legislado el gobierno “establecido”. Y supongamos que, en principio, soy lo más propenso posible a respetar las normas, porque creo que es imprescindible para la sociedad que haya leyes respetadas por todos (valga la redundancia). ¿Qué respuestas de la filosofía política me valen, si rechazo la tesis kantiana de la irresistibilidad del poder por razones de puro derecho natural-racional?

-La que dice que debo obedecer porque así está de hecho “establecido”, no me sirve, porque yo busco fuerza normativa, que no puede proceder de una proposición meramente fáctica.

-La que dice que debo obedecer porque la única fuerza normativa es la que tiene el gobierno (o el Papa, o los fuertes…) no me sirve, ya que (es mi manera de ser irracional) busco una razón racional.

-Tomás de Aquino y seguidores sostienen que la rebelión es lícita en último extremo… Pero ¿en cuál? En el de que entre en conflicto con normas superiores, o sea, las establecidas por Dios. Luego recaemos en la respuesta anterior, a la hay que pedirle que relea el Eutifrón.

A mi parecer sólo queda una solución: la validez de las leyes, sean establecidas (y lo sea por humanos o por dioses) o sean pretendidamente naturales, está sujeta a mi conciencia. Por tanto, si creo que cierta norma “establecida” es injusta, por más que crea que, en principio, es justo respetar las normas siempre que no entren en conflicto (si es que eso es posible) con otras normas superiores, debo seguir a mi conciencia, y no a la norma establecida.
En este sentido, creo que la verdad última de la política basada en un derecho natural racional es el anarquismo, o, para decirlo más correcta aunque quizá menos provocativamente, la autocracia. Hay razones morales para establecer y respetar cuanto se pueda leyes generales, pero en último extremo, un sujeto racional tiene que atenerse a lo que vea racionalmente justo, y resistirse contra lo que crea injusto, lo haya “establecido” quien lo haya establecido, porque quien realmente puede establecer qué es justo, es la razón, y, para cada uno, la razón como se manifiesta en él.
Creo, por tanto, que Kant está en lo cierto al sostener que la única alternativa posible a la irresistibilidad del poder establecido es la anarquía. Pero creo que se equivoca al sostener que el derecho natural impone la primera opción.

¿Que esto vuelve completamente casuística toda la política y todo el derecho? No más que a cualquier asunto humano, por muy racional que sea.

¿Significa esto que el estado tiene que permitir la objeción de conciencia? No. La objeción de conciencia, en sentido puro, es la subordinación (y, por tanto, para la mayoría significa lo mismo que la disolución) de toda ley suprainvididual establecida, sea efectiva o sea idealmente. Lo que hacen los sistemas políticos modernos es ser lo más tolerantes posibles con las conciencias individuales.