Educación, igualdad, justicia y beneficio

La educación debe ser completamente universal y gratuita, y el Estado debe garantizar exactamente las mismas posibilidades reales a todos los niños. Cualquier otra cosa es injusta, además de perjudicial para la sociedad.

Y esto aun asumiendo una de las perspectivas  menos propicias, en principio (y con importe ideológico real hoy día), a esa conclusión, a saber, la perspectiva liberalista pura, basada en los derechos individuales y la consideración meramente utilitarista de la sociedad. ¿Por qué?

Atendiendo al derecho de los individuos, cualquier desigualdad en el acceso a la educación es completamente injusta, como se puede argumentar así:

a)      Toda persona tiene en principio (antes de que haga méritos) el mismo derecho a acceder a un bien (principio de igualdad de derecho en las condiciones externas iniciales -fundamental, tanto para una ideología comunitarista como para el más puro liberalismo-);

b)      El derecho de acceso a un bien debe depender, si no de las necesidades de uno (“a cada uno según sus necesidades”), al menos de los méritos de las personas (“el que no trabaje, que no coma”);

c)      La educación es un bien (incluso un bien primario, necesario en nuestras sociedades o, quizás, en cualquier sociedad humana), que condiciona o incluso determina completamente los méritos o deméritos de una persona en cualquier otra actividad;

d)      El niño no tiene méritos o deméritos que le hagan merecedor de mayor o menor acceso a un bien (en verdad, esto debería valer para cualquier persona que no haya tenido antes un acceso justo a educación);

e)      Luego toda persona tiene el mismo derecho a acceder a la educación en las mismas condiciones.

f)        El que el acceso a la educación esté, en alguna medida (por ínfima que sea) condicionado por los méritos o deméritos  de otros individuos que el niño (por ejemplo, los padres o tutores) es una injusticia manifiesta.

En segundo lugar, la desigualdad, por pequeña que sea, en el acceso a la educación, es perjudicial para el bien común de la sociedad y, mediatamente, para todos y cada uno de los individuos, en la medida en que su beneficio y seguridad dependen de que la sociedad funcione de la mejor manera posible:

a)      Es de interés para el bien social común (incluso desde una concepción individualista) que cada persona desarrolle sin trabas y ejercite al máximo, en beneficio de la sociedad, sus capacidades o potencialidades naturales

b)      La educación es un factor necesario (en verdad, “vital”, esencial) en el desarrollo y ejercicio de las capacidades de una persona,

c)      Las desigualdades en el acceso a la educación impiden que los individuos realicen sin trabas y en igualdad de condiciones sus capacidades naturales

d)      Luego la sociedad resulta perjudicada si los individuos no tienen un acceso igualitario y sin trabas a la educación.

El coste económico en la educación, por ínfimo que sea, crea desigualdad en el acceso a la educación. Por tanto, está en el interés racional de incluso una ideología radicalmente liberal, empeñada en que cada uno demuestre sus méritos reales y aporte el mayor beneficio a todos y cada uno, que el Estado, por mínimo que sea, garantice plenamente la igualdad de oportunidades de todos los individuos en el acceso a la educación, no solo mediante la mera gratuidad y universalidad, sino incluso compensando las trabas que para un estudiante supone el entorno social desfavorable.

Así pues, tanto en lo que se refiere a los derechos individuales como en lo que se refiere a la utilidad de la sociedad, lo único justo y beneficioso es que la educación sea completamente universal y gratuita, y compense las trabas a que se ven sujetos los individuos que viven en entornos menos favorables no merecidos.

Este asunto es independiente (al menos relativamente) de si la educación de todos los ciudadanos de un Estado debería ser (y hasta qué punto) homogénea en contenidos y métodos. Tanto quien crea que sí como quien crea que no, debería abogar por un acceso igual para todos los niños (y, en verdad, personas en general) a la educación. Y esto solo lo puede garantizar la gratuidad total, acompañada de medidas económicas compensatorias para aquellos educandos que tuviesen un medio adverso.

La única alternativa ideológica a lo anterior sería alguna forma de aristocracia o elitismo hereditario o sanguíneo, es decir, que supusiese que los hijos heredan justamente las pobrezas o riquezas (es decir, presuntamente, los méritos o deméritos, de sus padres), antes de haber hecho ellos nada, y/o que ello es beneficioso para la sociedad. Eso significaría prácticamente un sistema de castas o, al menos, de estamentos.

En los próximos años, de manera todavía mucho más cruda que en los anteriores, los estudiantes españoles van a ser seleccionados en buena medida por las posibilidades económicas de las familias. Aunque se dice demagógicamente que ningún “buen estudiante” se va a quedar sin estudiar por falta de medios (lo cual, a la vez, es una mentira manifiesta), lo indudablemente cierto es que, si uno es un “vago” o “zoquete” pero hijo de un triunfador (de un especulador financiero, por ejemplo), podrá repetir los cursos que haga falta hasta llegar a ser cualquier cosa, mientras que un chico inteligente de clase “media-baja” tendrá que estudiar bajo la enorme presión de que no puede tener el más mínimo instante de desfallecimiento, además de estar constatando la gran injusticia de que algunos de sus compañeros se lo toman con mayor relajación.

No hace falta ser muy listo para pronosticar a dónde llevará eso a nuestra sociedad: será más injusta e infeliz. En los puestos de mayor responsabilidad habrá cada vez más ineptos, pero con apellidos que se repiten (porque la ineptitud y el egoísmo es, naturalmente, endogámico), y habrá más genios atendiendo en la caja de un supermercado o en la terraza de un bar.

Pero ¿qué se podría esperar de una sociedad en la que un individuo que, dedicándose a prestar dinero a cambio de intereses, o a la “dirección de empresa” (a veces, incluso, sin tener él ni idea de cómo se hace una cosa o la otra, sino teniendo a su cargo “empleados” que le hacen el trabajo), vale objetivamente más, según las cuentas que se hace la sociedad (o sea, el precio que se pone a las cosas) que, por ejemplo, una madre que cría a sus hijos, un músico, un maestro o un agricultor?