Padre, Hijo y Educación en valores

“Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican” (Lucas 8, 19-21).

Uno de los asuntos en los que más a menudo ocurre que lo que yo veo como lo más obvio del mundo, casi todo el resto del mundo lo ve al contrario (dejando aparte las cuestiones metafísicas y demás) es el asunto de quién debería elegir la educación que “se le dé” a un niño. Yo creo que debería resultar claro que es el propio niño (aconsejado e informado de manera conveniente, pero no forzado) quien debe tener la última palabra. Pero incluso a gentes por lo demás muy contrarias a todo lo que suene a imposición (sobre ellas), les parece chocante e inaceptable. Intentaré explicar un poco mejor mi posición.

Muchos de quienes piensan que el Estado no tiene legitimidad para manipular desde pequeños “nuestras” consciencias, creen que la “educación en valores” (moral, pero también afectiva, etc…) es un derecho de las familias o los padres. Algunos de entre ellos dicen que la escuela debe estar meramente para instruir (enseñar cosas técnicas, como matemáticas o química). Otros, más inteligentemente, conscientes de que no hay instrucción sin educación implícita, creen que tiene que haber tantas escuelas accesibles como gustos tengan los padres, o, si no, permitirse a las familias que eduquen-instruyan en su propio seno. A mí, sin embargo, esto me parece, ni más ni menos, trasladar la legitimidad de la posibilidad de manipular, desde el Estado a la Familia o Padres. Es Patriarcalismo, o Familiarismo, si se quiere. Y no tiene, creo yo, un ápice más de justificación que el Estatalismo o el Eclesialismo. Si se trata de proteger a todo individuo, desde su nacimiento, de la manipulación o el adoctrinamiento, se trata de protegerlo del adoctrinamiento y la manipulación vengan estos de donde vengan, de la Sociedad o de los Padres, o de la Iglesia... 

El problema es, pues: si existe una diferencia entre, por una parte, educar, y, por otra, adoctrinar y “manipular”, ¿quién tiene que decidir esto? ¿Acaso la Familia, o los Padres? ¿Por qué habría de ser la Familia la institución facultada para educar en cómo vivir una vida buena o correcta? ¿Es que la familia tiene en sí esos criterios? No creo que nadie pueda justificar tal cosa. Desde luego, y fijándonos, para empezar, en lo afectivo, no es necesario recordar que la familia no es solo ese seno de amor y cuidado que pintan algunas postales (postales que comparten los “liberales” de derechas y de izquierdas, aunque con peinados diferentes), sino también el ámbito de la violencia y el maltrato domésticos, violencia y maltrato, por cierto (voy aquí a hacer algo por perder otros cuantos amigos) que sufren más los menores que las mujeres (aunque en los casos de las mujeres suelen ser puntualmente más graves, por ciertas razones): en la mayoría de las familias se habla y trata al menor de tal manera que, si se hiciese eso sobre un adulto, varón o mujer, se consideraría una inaceptable falta de respeto. También la legislación es más permisiva en general  (casi salvo en cuestiones “teológico-morales”) con la violencia y el maltrato doméstico sobre el menor  que con la violencia doméstica entre adultos (aunque a muchas personas les escandalice oír esto como si se tratase de una enorme falsedad): solo desde hace pocos años los códigos legales más avanzados prohíben el castigo “físico” más explícito (todos los castigos son físicos, pero todos son, también y sobre todo, psíquicos), y lo toleran cuando está más o menos encubierto. Hace muchísimo más que se abolió el castigo físico sobre la mujer o sobre el subordinado. Pero es que, además, la educación moral no es algo meramente afectivo, ni es algo que la Familia, por su esencia, esté en condiciones de proporcionar. Yo comparto el ideal, “anarquista”, de convivencia en un grupo humano donde cada uno se realiza junto con otros mediante relaciones no coercitivas, y no identifico a la Sociedad con el Estado y rechazo el derecho del Estado al monopolio de la fuerza, pero tampoco identifico, ni mucho menos, ese tipo de grupo ideal de convivencia racional y libre, con la Familia ni con un parecido suyo, si por Familia hay que entender una institución donde el monopolio de la ley y la fuerza la tienen los padres o los adultos en general.

Hay una dialéctica Familia – Estado que, como toda dialéctica, no se soluciona eliminando abstractamente uno de los polos, aunque tampoco manteniéndolos en un enfrentamiento horizontal, sino insertando y sublimando el uno en el otro. Este enfrentamiento o dialéctica tiene que ver de manera esencial, precisamente, con la crianza y (también con) la educación, que son las funciones que la naturaleza parece haber puesto en manos de la Familia, pero también del resto de los humanos, si es verdad eso de que nada humano me es ajeno. Tomados, por un lado, el padre (en sentido –en principio- indiferente, padre o madre) como educador, frente, por otro, el Estado como educador (o, mejor, la Sociedad, para no excluir una posición no-estatalista), se trata del enfrentamiento de dos “instituciones” o instancias humanas por el derecho a crear o promover al individuo humano pleno. Dando por supuesto que el menor “necesita” educación (aunque no deberíamos olvidar que el adulto también la necesita, a su modo y medida, lo que complejizaría este análisis, precisamente a favor de lo que quiero defender), cada una de esas instituciones o instancias, Familia y Sociedad, tiene sus razones para reclamar el derecho-deber de participar en la educación del menor. La Familia, los padres, tienen, respecto del hijo, la prioridad en la proximidad o “projimidad”, genética y afectiva: nadie quiere a un hijo tanto como unos padres, que son los individuos naturalmente más próximos y prójimos a él (aunque esta projimidad disminuye a medida que el individuo humano se independiza de lo filogenético). La Sociedad, en cambio, es la que considera al hijo en tanto que un individuo entre otros, es decir, desde una perspectiva universal, más estrictamente racional y menos afectiva. ¿Cuál de esas instancias puede suministrar mejor los patrones morales? Parece “sencillo”, en principio: la Sociedad debería proporcionar los patrones más universales (unos mínimos que garanticen la igualdad entre individuos, independientemente de su procedencia, incluida, desde luego, la genética y familiar en general), y la Familia los más particulares que no entren en conflicto con aquellos (unas maneras concretas de hacer las cosas, unos hábitos, etc). Dado que no se puede garantizar la igualdad y la justicia sin garantizar el conocimiento, la sociedad debe garantizar una cierta educación a todos. Etc.

¿Por qué esto no resulta convincente? ¿Por qué hay conflicto entre Familia y Sociedad por la educación de los menores? Es claro: no hay ninguna certeza, para un padre o una madre, de que el Estado, o la Sociedad, en cuanto entidades fácticas, estén en condiciones de proteger auténticos derechos naturales en vez de, más bien, imponer unas normas supraindividuales y suprafamiliares sin más amparo que la fuerza (aunque esto se minimiza en las sociedades que no se organizan estatal-coercitivamente). Es decir, el Individuo-padre puede perfectamente disentir de los criterios de la Sociedad en la que vive, y no considerarla legitimada para educar en valores. Eso es lo que conduce, a mi juicio, al mejor sustento ideológico del anarquismo o autarquismo, es decir, al rechazo de que la ley positivamente establecida tenga más legitimidad de la que le dé mi consciencia, mi voluntad. Como individuo racional y libre puedo y debo rechazar todo aquello que no me parece correcto, por más “positiva” o fácticamente establecido que esté (aunque puedo considerar tolerables males menores por mor de la construcción de una convivencia social). Pero ¿puede conducirnos esto (mi posición como individuo frente a la Sociedad) a la idea de que quien goza de legitimidad natural para educar al menor es el Individuo-Padre, o la Familia? No: la Familia estaría guardando respecto del menor, en ese caso, una relación análoga a la que el Estado guarda para con el individuo, y que rechazamos. El Padre tiene tan poco derecho a manipular al hijo, como la Sociedad lo tiene para coaccionar al Individuo. Eso salvo que pensemos que a) no hay criterios naturales de lo bueno y justo, y/o b) que los menores no son aún personas básicamente completas, con criterios propios de lo que quieren y les conviene.

Muchas veces, cuando se reclama para una institución (Estado, Familia…) el monopolio o la prioridad del derecho y deber de educar en valores, se parte del supuesto, quizás inconsciente, de que, en realidad no hay ningún patrón objetivo que dirima entre las diferentes alternativas posibles o concebibles. Así, el Familiarismo o Paternalismo, queriendo escapar de la mera legislación positiva (impuesta) del Estado o de la Sociedad, cae en el positivismo de la Familia: bueno para educar es lo que la familia determine. Esto es, como mínimo, tan arbitrario como cualquier otro positivismo jurídico (por ejemplo, el estatal o el eclesial). La única manera de escapar al positivismo, es reconocer unas cualidades “naturales” o esenciales, también en el menor. Así pasamos al segundo punto:

El niño no es meramente el hijo de los Señores tal y cual, ni un habitante del Estado o la Sociedad tal o cual, es decir, una materia prima, un bloque de mármol en bruto, con la que crear el hijo o el ciudadano que deseamos. Es más bien, como mínimo, la pieza de mármol de la que hablaba Leibniz (que contiene en el interior, en sus vetas, la imagen de una persona); o el alma que describe Platón, caída en el mar y llena de adherencias extrañas de las que limpiarla para dejar aflorar su verdadera imagen (sin olvidar que estos símiles, de lo puro envuelto en ganga, valen también para el adulto). Y hay tanto una naturaleza de eso que está dentro del bloque de mármol o tras las adherencias, como unos criterios para saber cuándo se accede a ella. Esa naturaleza interior es la de un ser racional, libre y sensible (capaz de sentir dolor y placer). Quien niegue estos “mínimos”, esta esencia humana, no puede, desde luego, distinguir entre educar y manipular, y se queda por siempre confinado en el terreno del derecho positivo, es decir, de la mera fuerza (no de la fuerza de las razones, sino de las razones de la fuerza). Y los criterios para distinguir cuando el cincel está quitando mera escoria y cuándo está rompiendo un nervio de la figura, son claros también: el sujeto no puede verse forzado, tratado contra su naturaleza racional, libre y sensible. No se puede educar a un ser racional mediante el oscurantismo y el “respeto” a la autoridad no comprendida, mediante la coerción y mediante el dolor.

La sociedad, como colectivo y unidad, tendría que garantizar, pues, lo menos coercitivamente que pudiera, que cada individuo es educado, es decir, que es ayudado a conquistar su racionalidad, su libertad y su felicidad. Y esto implica no permitir una educación que no esté basada en la racionalidad, en el ejercicio de la libertad, y en la felicidad. El mismo criterio que sirve para proteger al individuo del despotismo del Estado, sirve para defender al menor del despotismo del adulto, sea este en forma de Estado o de Familia. Y la misma dialéctica entre lo positivo y lo suprapositivo, que se presenta en el caso del Individuo frente al Estado, se presenta en el caso del Individuo frente al Educador. El educador positivo o fácticamente existente debe ser juzgado a la luz del Educador natural-racional o suprapositivo, aunque este no cuente con la fuerza material para imponerse: el otro, sin este, no cuenta con la fuerza de las razones para ser legítimo.

Por supuesto, en todo esto es deseable y exigible la mayor tolerancia, porque todos podemos estar equivocados y también precisamente porque la ley pierde legitimidad cuando se impone a la fuerza. Pero no se puede ser tolerante con el intolerante, aunque este sea un padre. Un padre que educa a su hijo en el oscurantismo (es decir, sin proporcionarle la mayor cantidad de información y, sobre todo, sin fomentar su capacidad crítico-racional), por medio de la coerción (es decir, sin respetar su voluntad última) y el dolor (el hastío, el aburrimento, etc.) no tiene legitimidad para educar. Por tanto, no es el padre, sin más, quien tiene el derecho a educar. ¿Por qué esto no resulta obvio a muchos? Porque vivimos, más todavía que en un patriarcado, en un adultarcado, es decir, una dominación ilegítima del adulto sobre el menor.

¿Está justificada la escolarización obligatoria?

Interrumpí mi educación para venir a la escuela (Graffiti)

En España, desde la última ley de Educación (del partido socialista), aún vigente, quedó establecida de manera no ambigua la obligatoriedad de la escolarización para todas las personas entre los seis y los dieciséis años. La educación no-reglada, tales como la educación “en casa” (homescooling) es ilegal aquí (no en otros países: por ejemplo, Francia, Irlanda, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Taiwan, Chile o Japón). También la mayoría de las iniciativas de escuela “alternativa” están fuera de la legalidad, sea por motivos burocrático-económicos o curriculares. Algunas familias españolas se saltan la ley y educan fuera de las escuelas reconocidas, sean públicas o privadas. ¿Está justificada la obligatoriedad de la escolarización? O incluso, más en general, ¿está justificada la obligatoriedad de cualquier tipo de educación contra la voluntad del individuo que va a ser educado? Sería de esperar (aunque mucha gente no cae en esto habitualmente) que toda medida obligante que el Estado impone a un individuo, cualquier restricción de la libertad o del deseo de uno, tenga una poderosa justificación.

La escolarización obligatoria, como sabemos, fue un gran avance social. Desde luego, lo es respecto de la privación obligatoria de acceso a la educación (aunque ¿la obligatoriedad no es, en el mejor de los casos, un mal necesario, no algo intrínsecamente deseable?). Antes, en España, no podías elegir estudiar. Ahora no puedes elegir no hacerlo, y de la manera en que se te impone. La escolarización masiva y obligatoria ha conducido a la alfabetización y “ciudadanización” casi universal, allí donde se ha cumplido. Sin embargo, hay detractores de la Escuela y su obligatoriedad, que creen que, consciente o inconscientemente, es el órgano de manufactura de ciudadanos obedientes y acríticos y trabajadores eficaces y controlables, mediante métodos mecánicos y competitivos, que no respetan el deseo y los sentimientos del educando. Quienes asisten a la Escuela, en su inmensa mayoría, no tienen una buena opinión de ella: la perciben como bastante inútil, aburrida y estresante. ¿Quizás es que la naturaleza humana necesita ser forzada para que aprenda? No está claro. Lo que sí parece claro es que está por demostrar que la Escuela puede ser ese lugar de crecimiento racional, libre y feliz, que se figura a veces en los trípticos publicitarios de los colegios e institutos (sobre todo de los que intentan captar clientes). ¿Cómo justificar, en esta situación, la obligatoriedad de escolarización?

Puede apelarse tanto a un argumentario utilitarista como a uno más “deontológico”. No es conveniente -dice el primero- que nuestros conciudadanos sean salvajes que no sepan siquiera hablar. Y, cuanto mejor estemos educados todos, mejor nos irá a la mayoría. Más aún -dice el segundo tipo de argumentos, más “republicano”-, es necesario garantizar el derecho de todos a ser verdaderamente libres y realizarse plenamente como personas, aunque uno no quiera o no sepa que lo quiere. Un ignaro no es libre, por más que él crea que hace lo que le da la gana. Su voluntad debe ser pulida, y su intelecto, cultivado. Esto –añaden los partidarios de la escolarización obligatoria- solo se garantiza suficientemente en la Escuela. Si estuviese permitido al niño (o a los padres) no ir (o no llevarlo) a la Escuela, se estaría dejando de garantizar, no solo la convivencia, sino, sobre todo, el derecho del niño a ser plenamente humano. Por tanto, el Estado tiene legitimidad para, y hasta la obligación de, obligar a educarse y escolarizarse.

Ahora bien, por ese camino, proteccionista y paternal, el Estado podría llegar a prescribirle a cada uno la dieta que más conviene a su salud, las lecturas que necesita, el color de la pared de su habitación… “Objetivamente”, un médico sabe más que tú acerca de tu salud. Y a todos nos conviene, y tú te mereces, una vida lo más larga y sana posible. Un lema de una campaña de Tráfico de hace no más de cuatro años lamentaba “no podemos conducir por ti”.

Pero ¿podría una persona desear razonablemente que el Estado le prescribiese la dieta o que condujese por él? ¿Hasta dónde es razonable que el Estado pueda intervenir en las vidas de los individuos? ¿A quién se refiere ese “podemos” de la campaña de Tráfico?, ¿quién es ese sujeto? ¿Quién sabe tanto como para saber qué nos conviene? -dice la queja eterna (y justa) contra el estatalismo “socialista” o contra la dictadura utilitarista de la mayoría-; y, sobre todo, ¿cómo puede mostrarnos, ese ser superior, que sabe lo que nos conviene, y que no es un manipulador que pretende diseñar nuestras vidas? Por eso, dice el “liberal”, mejor es dejar a cada uno que tire, cuanto sea posible, por donde le dé la gana, sin pedirle cuentas de cómo se educa o deja de educarse. Parece, pues, que tenemos que elegir entre estatalismo manipulador o individualismo montaraz, entre universalismo impuesto o egocentrismo libre.

Esta dicotomía, sin embargo, tiene poco de convincente. No es una auténtica dicotomía porque nos propone elegir entre dos irracionalismos. Pero se trata, recordemos, de buscar una justificación racional para una obligación. Las justificaciones racionales son universales y, por tanto, deben ser compartibles por todos los seres capaces de razonar (después de un proceso de deliberación y diálogo): no hay una razón para uno solo, uno tiene que poder universalizar sus máximas, si quiere ser tomado por razonable; pero, por supuesto, el “ser compartibles por todos” de las justificaciones racionales significa que deben ser compartibles por cada uno (eso es lo que significa ahí “todo”) y, concretamente, debe ser compartible por aquel para quien puede servir de justificación racional. Para mí estará justificado todo y solo aquello que sea una justificación racional para mí. Si falta el “racional” o falta el “para mí”, no es una justificación para mí, obviamente. Y, si no es una justificación para mí, ni puedo ni debo aceptarla.

Al individualismo irracionalista le falta el “racional”. Y al estatalismo coercitivo, el “para mí”. Ningún individuo puede convertir una creencia irracional suya en algo justificado para mí. Y ningún tipo muy listo ni un colectivo de tipos listos pueden suplir mi propia justificación racional. Aquí la democracia está en el mismo saco lógico que la peor de las dictaduras. Como le decía Sócrates a Polo (en el Gorgias), no necesito que me traigas a toda una masa como argumento, me bastas tú, y es a ti a quien tengo que convencer. Dos visiones, pues, son capciosas: aquella según la cual cada uno tiene su razón y vive en un mundo propio (que decía Heráclito), y aquella otra que se erige en portadora del Logos y cree al individuo humano una mera parte de la sociedad. Ambos infravaloran a la persona.

Centrémonos en el error del estatalismo, ya que es este el que puede defender la obligatoriedad de la escolarización. En realidad, un individuo personal no puede ser esencialmente inferior a la sociedad. Nada puede ser superior a un individuo personal. Una persona es un ser libre, es decir, racional. Si tuviera que aceptar una instancia superior, que él no está en condiciones de entender, no sería libre. Es verdad que hay unos criterios racionales supraindividuales (tales como la coherencia, la no-arbitrariedad, la capacidad crítica, etc.), pero, si yo soy un ser racional, estos criterios tienen que funcionar conmigo. La relación entre los individuos de una sociedad es la relación entre múltiples casos de la misma racionalidad, depositada en cada uno, no la de partes incompletas en un todo mayor que ellas.

Huyendo del estatalismo no tengo por qué caer, pues, en el individualismo fanático, o viceversa. Si un individuo me dice que desea “educar” a su hijo en un libro sagrado, evitándole cualquier otro conocimiento, especialmente cualquier conocimiento que pueda ser crítico para con su libro, seguramente este individuo no puede darme una justificación racional de su conducta. Y lo mismo podría decirse de un niño que quisiera dedicarse a contar la hierba o a dormir todo el día en el sofá.

Ahora bien, ese niño, por más que le interese creer lo contrario al partidario de la obligatoriedad, no existe. Los niños son seres llenos de curiosidad, curiosidad que suele morir en la escuela (sea pública o privada). Y aquellos padres fanáticos son mucho menos numerosos de lo que le interesa creer al estatalista. La mayor parte de los padres son capaces de reconocer cuándo sus hijos están en mejores manos educativas que las suyas propias, y los fanatismos no son tanto cosa individual como, precisamente, de instituciones supraindividuales, tales como Iglesias o Estados-Naciones. Los padres que optan por la educación en casa, no son personajes del viejo Oeste, que sacan su escopeta cuando ven al representante de la autoridad, sino ciudadanos que tienen buenas razones para sacrificar mucho de su vida en aras de una educación más respetuosa y menos mecánica de sus hijos. Y no están en contra de justificar por qué educan a su hijo como lo hacen, ni de que exista una inspección social que garantice que su hijo se está educando y no está abandonado. Están, simple y razonablemente, en contra de que el Estado les imponga una forma irracional de educación.

Si alguien, o un grupo, en presunta representación de algo presuntamente superior a mí (el Estado, la Patria…), me quiere obligar a aprender ciertas cosas, de cierta manera, contra mi voluntad, sin que pueda darme razones convincentes para mí de la bondad de eso, es decir, sin que yo asuma eso como propio, ese alguien o ese colectivo carece de justificación para obligarme, aunque tenga la fuerza para hacerlo, y aunque sus intenciones sean las más “bondadosas” por él concebibles. Y su resultado será, con total necesidad, malo, porque me está coaccionando para ser libre, y obligando a creer sin entender para ser racional.

El Estado debería preocuparse de garantizar las condiciones necesarias para que todo individuo pueda acceder equitativa y libremente a la educación, en un ambiente libre y crítico; y de ofrecer o promover escuelas tales que uno consideraría una desgracia no acudir a ellas. Sustituir su déficit en estas tareas, por obligaciones, es un fraude, y lo menos pedagógico concebible.

Por tanto, es una falacia que yo esté obligado a aceptar al fanático si pido libertad de educación para mí o para mi hijo. Si un individuo, o una familia, tienen razones para creer que la escuela es mala, no hay justificación, ni para ellos ni para nadie, de la obligatoriedad.

A lo largo de esta discusión he obviado el problema de quién tiene que elegir la educación de una persona, ya que no es solo ni principalmente el Estado. Diré brevemente que pienso que, lo mismo que no puede imponerla el Estado, tampoco puede hacerlo la Familia, o sea, los Padres. Por muy bondadosas que sean las intenciones de los padres, no justifican la imposición contra la voluntad del hijo. Y el Estado tiene que proteger la libertad inalienable del hijo contra el despotismo paterno, tanto como le protege del despotismo del propio Estado. No obstante, los padres tienen una mayor responsabilidad y, por tanto, un mayor “derecho de influencia”, para con el hijo. No discutiré con detenimiento esto ahora. Ya sé que muchos teóricos estatalistas, desde Platón a Hegel, piensan que la Familia es una instancia menos legítima que el Estado. Pero esto no me parece nada claro. Conozco familias en las que hay una relación entre sus miembros más racional y libre que la que hay entre los ciudadanos de un Estado. Al fin y al cabo, no conozco ningún Estado que se funde en el respeto a la persona en cuanto mero ente racional, sino que todos los "realmente existentes" se basan en identidades nacionales o étnicas, que, a decir de los nacionalistas y etnicistas, es "un sentimiento". De todas maneras, el verdadero sujeto libre es el individuo racional, incluso en su fase de niño. Un niño es un ser dotado de voluntad, y cualquier fuerza contra esa voluntad, carece de justificación.

Pero ¿y si se quiere tirar por la ventana? –suele volverse a preguntar aquí-. Este, como decía antes, es el tipo de pseudoejemplos pesimistas (y pésimos) que necesita el partidario de la coerción, pero que, por suerte, no existen. Un niño que ha sido tratado respetuosamente desde el primer día, confía plenamente en la recomendación de sus padres y de aquellos que le rodean. Al contrario, un niño maltratado, es decir, obligado (a comer, a qué comer, a dormir y cuándo dormir…), tiende a contravenir los consejos de los maltratadores, incluso si piensa que le beneficiaría seguirlos, por un acto “lógico” de reivindicación de su dignidad.

El Estado, y los Padres, ejercen la violencia casi constitutivamente, y tienden a disfrazarla de protección del individuo y del hijo, para justificar la cual tienen que pintarnos como individuos tendentes al error y necesitados de guía desde nuestros primeros días. En realidad, es abuso de poder, manipulación y dominación. El Estado, o la Familia, están en manos, siempre, de individuos. Y ningún individuo o grupo de individuos es más racional que tú. Al contrario, el uso de la coerción y la fuerza, procede de una debilidad humana, demasiado humana.

Educación, igualdad, justicia y beneficio

La educación debe ser completamente universal y gratuita, y el Estado debe garantizar exactamente las mismas posibilidades reales a todos los niños. Cualquier otra cosa es injusta, además de perjudicial para la sociedad.

Y esto aun asumiendo una de las perspectivas  menos propicias, en principio (y con importe ideológico real hoy día), a esa conclusión, a saber, la perspectiva liberalista pura, basada en los derechos individuales y la consideración meramente utilitarista de la sociedad. ¿Por qué?

Atendiendo al derecho de los individuos, cualquier desigualdad en el acceso a la educación es completamente injusta, como se puede argumentar así:

a)      Toda persona tiene en principio (antes de que haga méritos) el mismo derecho a acceder a un bien (principio de igualdad de derecho en las condiciones externas iniciales -fundamental, tanto para una ideología comunitarista como para el más puro liberalismo-);

b)      El derecho de acceso a un bien debe depender, si no de las necesidades de uno (“a cada uno según sus necesidades”), al menos de los méritos de las personas (“el que no trabaje, que no coma”);

c)      La educación es un bien (incluso un bien primario, necesario en nuestras sociedades o, quizás, en cualquier sociedad humana), que condiciona o incluso determina completamente los méritos o deméritos de una persona en cualquier otra actividad;

d)      El niño no tiene méritos o deméritos que le hagan merecedor de mayor o menor acceso a un bien (en verdad, esto debería valer para cualquier persona que no haya tenido antes un acceso justo a educación);

e)      Luego toda persona tiene el mismo derecho a acceder a la educación en las mismas condiciones.

f)        El que el acceso a la educación esté, en alguna medida (por ínfima que sea) condicionado por los méritos o deméritos  de otros individuos que el niño (por ejemplo, los padres o tutores) es una injusticia manifiesta.

En segundo lugar, la desigualdad, por pequeña que sea, en el acceso a la educación, es perjudicial para el bien común de la sociedad y, mediatamente, para todos y cada uno de los individuos, en la medida en que su beneficio y seguridad dependen de que la sociedad funcione de la mejor manera posible:

a)      Es de interés para el bien social común (incluso desde una concepción individualista) que cada persona desarrolle sin trabas y ejercite al máximo, en beneficio de la sociedad, sus capacidades o potencialidades naturales

b)      La educación es un factor necesario (en verdad, “vital”, esencial) en el desarrollo y ejercicio de las capacidades de una persona,

c)      Las desigualdades en el acceso a la educación impiden que los individuos realicen sin trabas y en igualdad de condiciones sus capacidades naturales

d)      Luego la sociedad resulta perjudicada si los individuos no tienen un acceso igualitario y sin trabas a la educación.

El coste económico en la educación, por ínfimo que sea, crea desigualdad en el acceso a la educación. Por tanto, está en el interés racional de incluso una ideología radicalmente liberal, empeñada en que cada uno demuestre sus méritos reales y aporte el mayor beneficio a todos y cada uno, que el Estado, por mínimo que sea, garantice plenamente la igualdad de oportunidades de todos los individuos en el acceso a la educación, no solo mediante la mera gratuidad y universalidad, sino incluso compensando las trabas que para un estudiante supone el entorno social desfavorable.

Así pues, tanto en lo que se refiere a los derechos individuales como en lo que se refiere a la utilidad de la sociedad, lo único justo y beneficioso es que la educación sea completamente universal y gratuita, y compense las trabas a que se ven sujetos los individuos que viven en entornos menos favorables no merecidos.

Este asunto es independiente (al menos relativamente) de si la educación de todos los ciudadanos de un Estado debería ser (y hasta qué punto) homogénea en contenidos y métodos. Tanto quien crea que sí como quien crea que no, debería abogar por un acceso igual para todos los niños (y, en verdad, personas en general) a la educación. Y esto solo lo puede garantizar la gratuidad total, acompañada de medidas económicas compensatorias para aquellos educandos que tuviesen un medio adverso.

La única alternativa ideológica a lo anterior sería alguna forma de aristocracia o elitismo hereditario o sanguíneo, es decir, que supusiese que los hijos heredan justamente las pobrezas o riquezas (es decir, presuntamente, los méritos o deméritos, de sus padres), antes de haber hecho ellos nada, y/o que ello es beneficioso para la sociedad. Eso significaría prácticamente un sistema de castas o, al menos, de estamentos.

En los próximos años, de manera todavía mucho más cruda que en los anteriores, los estudiantes españoles van a ser seleccionados en buena medida por las posibilidades económicas de las familias. Aunque se dice demagógicamente que ningún “buen estudiante” se va a quedar sin estudiar por falta de medios (lo cual, a la vez, es una mentira manifiesta), lo indudablemente cierto es que, si uno es un “vago” o “zoquete” pero hijo de un triunfador (de un especulador financiero, por ejemplo), podrá repetir los cursos que haga falta hasta llegar a ser cualquier cosa, mientras que un chico inteligente de clase “media-baja” tendrá que estudiar bajo la enorme presión de que no puede tener el más mínimo instante de desfallecimiento, además de estar constatando la gran injusticia de que algunos de sus compañeros se lo toman con mayor relajación.

No hace falta ser muy listo para pronosticar a dónde llevará eso a nuestra sociedad: será más injusta e infeliz. En los puestos de mayor responsabilidad habrá cada vez más ineptos, pero con apellidos que se repiten (porque la ineptitud y el egoísmo es, naturalmente, endogámico), y habrá más genios atendiendo en la caja de un supermercado o en la terraza de un bar.

Pero ¿qué se podría esperar de una sociedad en la que un individuo que, dedicándose a prestar dinero a cambio de intereses, o a la “dirección de empresa” (a veces, incluso, sin tener él ni idea de cómo se hace una cosa o la otra, sino teniendo a su cargo “empleados” que le hacen el trabajo), vale objetivamente más, según las cuentas que se hace la sociedad (o sea, el precio que se pone a las cosas) que, por ejemplo, una madre que cría a sus hijos, un músico, un maestro o un agricultor?

¿Qué se puede vender y comprar?

¿Qué se puede vender y comprar (vender y comprar “sin más”, simplemente, absolutamente)? Algunos dicen que todo o casi todo; otros dicen que unas cosas sí y otras no; mi respuesta es que nada, nada se puede vender y comprar, o, por resultar menos paradójico, nada se puede vender y comprar sin más o en términos absolutos.

Con la expresión “vender-sin-más y comprar-sin-más” (o simplemente, o absolutamente) me refiero al concepto de un (inter)cambio, entre seres conscientes, de cosas o entidades en general (consideradas propiedades suyas), sin que se necesite más justificación que la simple voluntad de los que intercambian, es decir, sin consideraciones relativas a algo externo como, por ejemplo, el bien general, o las cualidades o “propiedades” de la cosa o entidad intercambiada. Algo es propiedad (absoluta) de alguien y pasa a serlo de otra persona por, meramente, sus “puras voluntades”. ¿Es esto moralmente lícito?

Que lo sea o no depende de si es lícita la propiedad absoluta o sin más. Podría creerse que hay cosas que son absolutamente mías y puedo hacer con ellas “lo que quiera”, sin que se requiera ninguna otra justificación. Si tú y yo, pues, hemos manifestado nuestra “libre voluntad” de intercambiar esto por aquello, y esto y aquello es completamente tuyo y mío, todo está perfecto.

Algunos creen que esta situación estaría básicamente exenta de toda moral (“no es moral ni inmoral, sino amoral”), pero eso es falso: el más crudo librecambismo se basa en un principio de derecho natural (moral), según el cual los seres con voluntad tienen derecho a que su voluntad sea respetada.

En coherencia con mi rechazo de que sea lícita la propiedad absoluta (que alguien sea dueño de algo, sin que se requiera ninguna justificación en términos de valor objetivo), voy a intentar ahora justificar por qué creo que en realidad nada puede venderse ni comprarse (de esa manera absoluta o “sin más”). Esto no impide que haya alguna forma moralmente aceptable de “comercio” o intercambio de “cosas”, tal como (y precisamente porque) hay una propiedad-relativa lícita (relativa a valores objetivos y justificaciones racionales).

¿Se puede vender cualquier cosa?

¿Puedo vender a “mi” hijo? Aunque hay sociedades moralmente primitivas en las que quizás está admitido vender los hijos (digo “quizás” porque no es fácil interpretar una institución lejana en el tiempo o en el espacio culturales), el progreso moral va en el camino de considerar  eso como aberrante y hasta monstruoso. Ninguna persona puede ser vendida (ni venderse), aunque sea “mi” hijo. ¿Por qué? Porque -se dice- un hijo, como cualquier persona, es una persona, tiene voluntad, y la voluntad convierte a uno en merecedor de respeto, en digno de no ser tratado como “mero medio”. En verdad, es puramente contradictorio vender la voluntad de otro. La voluntad del amo no puede nunca suplir la del esclavo: este no pierde su voluntad, ni puede realmente enajenarla, salvo voluntariamente y, por tanto, inconsecuentemente: su enajenación durará cuanto dure su voluntad de considerarse enajenado.

Esto no es solo cosa de Kant. El más anarco-liberal del mundo debería, en principio, admitir esto, ya que su principio (iusnaturalista) único es el respeto de las libertades individuales.

La única opción que le quedaría a cualquier partidario de una moral de la persona-fin (como el kantismo o el liberalismo extremo) para legitimar que unos padres puedan vender a su hijo, sería aducir que el niño, hasta cierta edad o madurez, aún no tiene, en verdad, voluntad. Podría decirse que el hijo “todavía no está terminado de hacer”, cosa que es, precisamente, tarea del padre. Si se considera así (como de hecho tácitamente lo consideran muchos padres, incluidos casi todos los liberales), si el hijo va a ser en buena medida labor del padre, que lo va a convertir, de un material personoide informe en una auténtica persona con sus valores para siempre, entonces no hay razón para rechazar que los padres puedan vender a su hijo, que todavía no es una persona plena (y ¿por qué no podría matarlo, como, con un argumento similar, se defiende en el aborto?). La inconsciencia (cuando no la hipocresía) del liberal mayoritario atribuye al hijo, sin embargo, la personalidad al efecto de no ser vendible, pero no a efectos de reconocerse su voluntad libre (puesto que puede ser plenamente adoctrinado y obligado, sin que se tenga apenas en cuenta su opinión). Esto demuestra lo errónea concepción que se tiene de la paternidad, que es, en verdad, una relación de dominación y cuasi-esclavitud.

Pero ¿con qué razones podría un partidario de la “simple voluntad”, negársela a un niño? Si el adulto liberal no necesita justificar sus deseos de una manera especial, sino que le basta con tenerlos (por eso puede hacer con sus cosas lo que le de la gana, sin demostrar que sus deseos forman parte de una vida razonable), ¿qué le falta al niño para ser un perfecto adulto liberal? Como mucho, le faltará cierta información fáctica. Pero esto no distingue al adulto del menor de manera moralmente sustantiva (no da al adulto derecho a obligar, sino obligación a informar). Por tanto, los padres no tienen derecho a educar a sus hijos “como les de la gana”. Esto que no quiere decir que sea un comité de sabios el que lo deba dictar. Como decíamos de la propiedad, se tratará, en verdad, de una “dialéctica” por la cual los individuos-padres intentan educar correctamente y, por tanto, se esmeran en justificar racionalmente sus elecciones educativas, respetando la voluntad del hijo, mientras que la sociedad, llevando la tolerancia al máximo posible, evita que los hijos sean tratados según la “real gana” de los padres, imponiendo unos mínimos, que habría que divulgar educativamente.

En fin, demos por adquirido que una persona (incluso si es un niño) no puede venderse y comprarse, ya que tiene una dignidad inalienable e incluso es una contradicción querer enajenar su voluntad; lo que significa que no es absolutamente mío, no es mi propiedad. Las situaciones de intercambio o compraventa tienen, por tanto, ciertas restricciones, o sea, exigen algo más que la consideración de las meras “voluntades” de vendedor y comprador (de los supuestos propietarios): hay que tener en cuenta algunas características del “objeto”, cosa o entidad a vender. Pero ¿no afecta eso solo a la diferencia entre personas y cosas?

¿Se puede (es lícito, moralmente correcto) vender un animal no humano? ¿Tengo derecho a vender (y, antes de eso, “poseer”, tener en propiedad) otro animal, por ejemplo un perro, y tú a comprarlo, sin tener en cuenta nada más que nuestros manifiestos deseos de ese intercambio (no los deseos del perro)? Mi respuesta es no, no tenemos derecho ni a la propiedad ni, por tanto, a la compraventa de animales, sean humanos o no humanos. (Esto no quiere decir que no tengamos derecho, y hasta obligación, de trato con ellos –y algunas de esas formas de trato podrían parecerse a la “explotación”, como se parece a la explotación el intercambio laboral entre humanos-).

Veamos la tesis (tradicional en las iglesias, en la ética kantiana, etc.) de que tenemos derecho, sin más, a tener y vender animales no humanos. Esta tesis se basa en las premisas de que a) solo los seres con voluntad-racional son objeto de respeto o derecho a no ser considerados como meros fines, y b) solo los humanos somos seres con voluntad-racional. Ambas premisas me parecen erróneas.

Empecemos por la menor (b): es difícil mantener que entre humanos y no humanos hay la diferencia radical autoconsciente-racional / no-autoconsciente-irracional. El argumento cartesiano (pero generalmente aceptado por quienes nos ven como islas de sobrenaturalidad en un mundo de mera carne), según el cual la tenencia de racionalidad es cosa de todo o nada, porque (como argumenta también Davidson) la racionalidad es “holística” (de manera que quien cree y desea unas cosas tiene que creer y desear “muchas otras” que están implicadas), está equivocado, salvo quizás si se refiere a Dios, porque no hay un solo individuo humano que sea plenamente consciente de todas las implicaciones, teóricas y prácticas, que tiene cada una de sus creencias. Ningún ser humano es plenamente racional, sino que unos son más racionales que otros. La racionalidad, como todo, tiene grados (aunque también, como todo, tenga umbrales, relevantes según para qué). La diferencia entre los humanos y otros animales (como entre unos humanos y otros) es de grado, porque todos tienen deseos, más o menos conscientes y justificados. Unos son más conscientes y libres que otros, pero no unos son completamente libres y otros completamente mecánicos. Hay que ver la consciencia (e incluso la auto-consciencia) como una cuestión de grado, sin negar por ello que hay diferencias de grados muy significativas.

Pasemos a la premisa mayor (a), según la cual solo los seres con voluntad deben ser respetados. Esto se argumenta diciendo que solo quien tiene voluntad puede querer ser respetado, y (se supone más que se explicita habitualmente) solo quien quiere ser respetado, merece serlo. Solo quien tiene voluntad, tiene voluntad de voluntad; y solo quien tiene voluntad de voluntad, tiene derechos y debe estar libre de ser mercancía. Esta argumentación me parece inválida, principalmente por la razón, lógica, de que (contra lo que piensa el voluntarismo moderno -Kant, Nietzsche…-) la voluntad no es la creadora del valor de las cosas (incluido el valor de ella misma), sino la simple reconocedora y aprobadora de ese valor. Si la voluntad fuera la creadora del valor, no habría voluntad mala, es decir, no habría un querer correcto y uno incorrecto. Esto acabaría con toda discusión sobre derechos y justicias.

Podría creerse que eso es, justo, lo que nos quiere decir, consecuentemente, Nietzsche, pero tampoco esto es verdad: Nietzsche es un afirmador del valor positivo de la Voluntad misma, y condena la voluntad negativa, pero, si esto no es una mera tautología (la voluntad negativa no es voluntad) entonces Nietzsche nos está diciendo que hay una voluntad correcta y una que no es correcta.

En realidad, la voluntad correcta es la que puede justificar sus deseos, es decir, la voluntad racional. Una voluntad irracional es un objeto imposible, indistinguible de la pura aleatoriedad (aunque esa aleatoriedad se mire siempre al ombligo). Eso quiere decir que la voluntad hereda los valores de otro sitio, a saber, de las propias cosas, apreciadas por la capacidad racional (o quizás por la emotiva, o por ambas).

La racionalidad, en la versión intelectualista que prefiero (pero que no argumentaré expresamente ahora), enseña o prescribe que ciertas cosas o propiedades de las cosas (existencia, unidad, actividad o libertad, autoconsciencia, sensibilidad…) son buenas y deseables, y que lo que es deseable para un caso, es deseable proporcionalmente para los casos análogos. No solo la voluntad es valiosa: lo son muchas otras cosas antes. Que un ser tenga (en alto grado) voluntad consciente es una condición suficiente para ser respetado, pero no es una condición necesaria. Un ser con emociones, es “merecedor” de respeto a sus emociones, y un ser con un proyecto vital o finalidad natural, como tienen las plantas, es merecedor de respeto por ese proyecto.

Esto no quiere decir, repito, que no haya, para con otros seres, posible trato justo alguno mediante el cual “obtengamos los beneficios” que solemos obtener de la propiedad y compraventa de seres. Podría justificarse, por ejemplo, el pastoreo de cabras, si es justificable que ese trato es un interés vital en el proyecto de las cabras, cosa que se podría verificar atendiendo a sus signos de aprobación o rechazo, etc.

No es moralmente lícito, pues, poseer ni vender en términos absolutos o “sin más” un animal humano, pero tampoco un animal no humano, ni en general, cualquier entidad que tenga una finalidad natural propia. Es decir, cualquier entidad, porque toda entidad es algo más que cosa al servicio del hombre. La racionalidad está obligada a (en realidad, quiere) reconocer el valor objetivo e independiente de las cosas, su valor no imantado antropocéntricamente. Nuestro trato para con las cosas es lícito en la medida en que nuestra voluntad para con ellas es la voluntad correcta, es decir, se funda en la consideración de lo que son y les conviene por naturaleza. En general, nuestra acción es buena y justa en la medida en que “se cuida del todo”, es decir, persigue el mayor bien universal. Pero ¿existe el mayor bien universal, o los bienes son particulares e incompatibles, de manera que mis intereses propios son realmente incompatibles con los de otros seres y, o ellos o yo, uno debe salir perdiendo?

Educación liberal versus educación en libertad, I

¿Qué debería pensar un liberal acerca de la educación? ¿Por qué tipo de educación debería luchar o abogar? Y ¿cuán accesible debería luchar por que fuese tal o cual educación para tal o cual persona?

Entendamos por ideológicamente “liberal” a toda persona que crea que el Estado tiene como objeto garantizar que, en la medida de lo posible, las personas hagan todo aquello que voluntariamente decidan, sin sufrir coacciones de nadie ni, por tanto, infligirlas a nadie. Esto implica que el Estado respete y haga respetar los acuerdos legales o contratos establecidos entre individuos responsables. El liberalista rechaza, expresamente, que el Estado ejerza, paternalistamente, de educador de las personas en unos valores sustantivos, como no sea en aquellos, mínimos y “procedimentales”, que garantizan la ciudadanía tal como la entiende el liberalismo, o sea, el libre ejercicio de la “voluntad individual” (entendida, insisto, como “libertad negativa”, es decir, como la ausencia de coacción para buscar la satisfacción de deseos que no hay por qué ni quizás es posible justificar racionalmente).

En el terreno de la Educación (que, como para toda ideología política, es quizás el ámbito más sensible), el liberal debería, coherentemente, sostener el derecho del individuo a elegir la educación que desee.
Diferentes instituciones educativas pueden ofrecer, a juicio de cada uno, diferencias cuantitativas y cualitativas en educación. Unas pueden parecerle a uno mejores que otras, o simplemente diferentes en sus criterios pedagógicos, currícula, etc., y uno tiene el derecho a elegir a la carta, sin que le sea administrado un menú pedagógico.

Voy a dejar ahora a un lado la falacia liberal de entender que la libertad puede ser abstraída de otros factores como el nivel intelectual y cultural, la situación social y personal, etc. Me limitaré a la aporía referente a la educación, por lo que esta tiene de específico. Empezaré por la cuestión de quién debe poder elegir qué. En otra entrada me fijaré en cuánta accesibilidad debe desear un liberal que tenga cada tipo de educación para cada individuo.

…Uno, un individuo, deber ser libre de escoger la educación que prefiera, según le parezca… Pero ¿qué “uno”?, ¿qué individuo?

Cuando el “vulgo” liberal (y, cuando hablo de “vulgo”, me refiero a una masa que ocupa todo el espacio político liberal relevante en, por ejemplo, nuestro país -y en casi todos los demás, aunque en muy diversos grados-) cuando el vulgo liberal reclama libertad de elección educativa, está pensando (aunque sin pensarlo siquiera, porque se supone que va de suyo) en la libertad del padre (o “los padres”) para decidir en qué sistema educativo tiene necesariamente que ser educado su hijo.
Los ciudadanos liberales reclaman el derecho a decidir en qué escuela educarán a sus hijos, sin que ni el Estado ni nadie les obligue a otra cosa (curiosamente, eso sí, la mayoría de este vulgo liberal sigue las directrices de una institución totalmente totalitaria, en cuyo interior no es tolerable ninguna disensión ni ninguna pluralidad de sistemas de valores; institución que, cuando ha tenido sobre el poder político mayor influencia todavía de la que tiene, ha impuesto una única vía educativa, y es muy de suponer que volvería a hacerlo si gozase de la ocasión porque en verdad esta institución no cree -porque no es realmente liberal- que haya que distinguir valores sustantivos y procedimentales ).

¿Es esto lícito, incluso y sobre todo, desde un pensamiento liberal? ¿Son los padres los que tienen que gozar de la libertad de elegir la educación en que obligatoriamente han de ser educados sus hijos? ¿No debería ser, más bien, el individuo hijo quien elija cómo quiere recibir educación? Y, si no es así, ¿por qué el padre? Y, si es el padre quien tiene ese derecho, ¿de dónde emana este, y como se justifica liberalmente un derecho “familiar”?

Centrémonos en lo primero. ¿Por qué no el hijo?

Un recurso tentador para un representante de ese “vulgo liberal” sería argüir que los menores no tienen aún capacidad natural de elegir, ni, por tanto, propiamente libertad. Este recurso está mal encaminado, porque se compromete implícitamente a definir “libertad” o libre albedrío, no como la “libertad negativa” de I. Berlin, sino de una forma lo suficientemente sustantiva o positiva como para disparar contra sí mismo: explica demasiado. ¿Es acaso libre un adulto, por el simple hecho de haber cumplido unos cuantos años, independientemente de que haya recibido esta o aquella educación y vivido en estas o aquellas circunstancias? Precisamente el argumento anti-liberal dice que la libertad “burguesa” es una abstracción y una ficción. ¿Reconocerá el padre liberal que una libertad sin conocimiento es una pura vacuidad?

Pero supongamos, en aras del argumento (lo que no significa concederlo), que un bebé carece de suficiente capacidad como para elegir completamente qué educación prefiere. Aun así, ¿carece por completo de esa capacidad? ¿No es evidente, en muchos de sus signos, si el modo en que se le está tratando es de su agrado? ¿No puede elegir si prefiere educarse jugando, o si es demasiado prematuro que se le enseñe a escribir, o si no quiere que se le prive del chupete, o se le quite el pañal, o se le prescriba las horas de comidas y sueño, etc.?

Aquí, nuevamente, el vulgo liberal se arroga despóticamente más conocimientos que la naturaleza, y arguye que el niño no conoce “las consecuencias” de lo que desea ahora. Pero, nuevamente, este es un argumento fallido. ¿Lo sabe perfectamente el adulto? ¿Lo saben todos los adultos en el mismo grado? Y, dado que no es así, ¿no deberían gozar unos de más libertad de elección que otros? Pero, lo que es más, en último extremo ¿por qué hemos de imponer qué consecuencias tiene que disfrutar o padecer otro individuo, el niño por ejemplo? Desde una perspectiva liberal, ¿se equivoca moralmente, de alguna manera, quien decide vivir el presente, sin atender al futuro o incluso ignorándolo? ¿Es lícito imponerle lo contrario?

Pero supongamos, aún, que fuese razonable que los padres (y resto de adultos) “guiasen” al niño, en la medida en que este no tiene, manifiestamente, “capacidad” de elegir de una manera semejante a los adultos. ¿No es manifiesto también que a medida que crece, un niño, y de manera descarada ya el adolescente, tiene todo lo que hace falta para satisfacer los criterios de libertad de la concepción liberal? ¿No debería el Estado proteger esta libertad de elección? ¿No tendría, una sociedad liberal, que legislar y habilitar los mecanismos que garantizasen que cualquier persona, en la medida en que es capaz de tener deseos y un mínimo de racionalidad (como la que se le exige a uno para poder firmar un contrato de trabajo o de compra-venta), pudiese elegir libremente qué, cómo y cuándo desea educarse?

Lo cierto, sin embargo (el lector lo sabe muy bien), es que, todo esto, el vulgo liberal (y recuerdo que incluyo aquí a prácticamente todo el mundo liberal –salvo ciertos “alternativos”-) ni se lo ha preguntado una sola vez. Sencillamente da por hecho que hablar de libertad de educación es idéntico a hablar de la libertad de los padres para imponer la educación a los hijos. Y esto es una contradicción. Si no se considera que los niños sean seres completamente amorfos, con los que se puede hacer lo que uno quiera, sino que tienen, o van teniendo progresivamente, una cierta naturaleza de personas individuales, hay que reconocerles la libertad. Y, si para los adultos no es preciso graduar esa libertad, tampoco puede serlo para los menores. Si uno no tiene por qué justificar sus deseos (como se supone en el espíritu y se dice en la letra liberales), tampoco tiene por qué justificarlos si tiene quince, diez o cinco años. Lo que existe es, pues, una dominación completamente despótica en el interior del mundo vulgar liberal. Los lugares donde el liberalismo ha sido llevado a la escuela, como en Summerhill, suelen considerarse objeto de mofa por parte del ignorante liberal medio, en cuyas manos estamos.

En cuanto a que sean los padres los que tengan, “por naturaleza”, el derecho, es algo que, sin discutir si es cierto o no, es inconsistente también con lo que reclama el liberal. Pero el vulgo liberal gusta de estas inconsecuencias, habitualmente muy favorecedoras de sus ignorantes y egoístas intereses a corto plazo: por ejemplo, la existencia de naciones y fronteras, y de imposición manu militari a otros países un régimen nada liberal.

¡Come y calla!

El pensamiento y la legislación de los estados modernos lleva más de un siglo promoviendo la “liberación de la mujer” respecto del dominio del varón. En la carta de derechos humanos, y en las legislaciones de todos estos estados, se reconoce la igualdad de derechos independientemente de su sexo. Esto significa que una persona no puede ser discriminada en razón de su sexo, es decir, que su sexo no puede ser una variable a considerar cuando se trata de reconocerle facultades en los que el sexo de la persona no significa ninguna diferencia. Aún así, la situación real dista mucho de responder a ese deseo, sobre todo en los países no occidentales.

En principio, los derechos de los niños y adolescentes están igual de protegidos, e incluso existen textos como la Convención sobre los derechos del niño. Pero aquí la realidad, incluso la realidad legal y social, es todavía más diferente. Hay muchas facultades y derechos que no se le reconocen al menor ni siquiera legalmente (decidir sobre su educación, su salud o su sexualidad; expresarse libremente, votar, etc.), y que no tienen nada que ver con su condición de menor.

No hablemos de la situación de los niños en casi todo el mundo: en cualquier sitio donde hay y en la medida en que hay déficit de protección de derechos, eso afecta más al menor que a cualquier grupo de adultos. Pero la situación no es muchísimo mejor en muchos países occidentales, especialmente en el nuestro. Solo muy recientemente se ha prohibido completamente todo acto de violencia física contra un menor (el “cachete”), pero nuestra sociedad sigue viéndolo, mayoritariamente, como veían nuestros abuelos y ven todavía los menos educados de nuestros conciudadanos, el cachete a la mujer.

No se trata solo de algo propio del ámbito doméstico, sino de todos los ámbitos. Hay una verdadera situación de dominación del menor por parte del adulto. Los padres tienen hoy sobre los menores un dominio semejante al que los varones tenían y tienen sobre las mujeres, en sociedades anteriores al reconocimiento de los derechos universales. Muchos de los argumentos que el androcentrismo solía aducir contra la igualdad de las mujeres (su inferioridad racional, su debilidad por las bajas pasiones, su voluntad "infirme", su tendencia natural a la malignidad, etc.) se consideran argumentos obvios cuando se trata del menor. Y el trato al que se los somete es de clara falta de respeto personal, y asimétrico en cuestiones que no tienen nada que ver con la condición de adulto y menor. Si un adulto alza la voz a un menor, está ejerciendo la debida autoridad; si un menor alza la voz a un adulto, está dando muestras de una clara y culpable falta de respeto.

Tengo la intención de exponer, en varias entradas, diferentes aspectos de este dominio. Voy a empezar por un ámbito aparentemente intrascendente (solo aparentemente), y mucho menos grave que las manifiestas faltas de derechos básicos que los menores sufren en el planeta, pero que me parece un buen ejemplo de la dominación del adulto, dado que afecta a sociedades que, como las nuestras, suelen creer que no hay nada que avanzar en esto (incluso, según algunos “reaccionarios”, habría que retroceder algo). Se trata de la dieta, de los hábitos y actos dietéticos del menor.

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Es obvio que los adultos, especialmente los padres, tienen la responsabilidad de garantizar la mejor salud posible de los niños, y que para ello deben usar en la medida de lo posible los conocimientos que poseemos al respecto. Pero ¿cómo lo hacen? En general los padres imponen, obligatoriamente, el qué, el cómo y el cuándo de lo que el menor tiene que comer. Es muy habitual en cualquier casa o parque expresiones como: “¡Te lo comes todo! (tengas o no tengas hambre, te guste o no, te apetezca o no)”, “Hasta que no te lo comas, no harás otra cosa”, etc.

¿Es realmente la naturaleza humana del niño tan estúpida como para que su apetito no tenga que ver con qué y cuándo debe comer, es decir, con lo que y cuando le conviene comer? Esto es, a priori, muy improbable. Todos los animales saben eso, y nosotros somos animales muy recientes, con una enorme memoria genética.
Hay estudios que prueban que los niños, dejados a su propia iniciativa, en pocos días tienden a mantener una dieta equilibrada. No estoy informado al respecto, pero dudo que existan estudios que prueben que, salvo que los padres obliguen a sus hijos a comer, estos morirán de hambre o comerán perversamente.

Sin embargo los padres se arrogan el derecho a prescribir su dieta. Y solo en muy raras ocasiones (en casos en que los padres estén realmente provocando enfermedades en los hijos) las autoridades intervendrán para proteger al menor. Hasta entonces, el menor apenas podrá evitar tener que comer lo que y cuando se lo imponga el adulto.

La mayor parte de los padres no tiene apenas idea, ni obligación de informarse, de lo que es una buena dieta para menores. ¿Quizá es que lo saben bien? Observemos qué credenciales tienen los padres y adultos en general para prescribir dietas.
Los adultos de las sociedades mejor informadas padecen graves enfermedades, convertidas ya en epidémicas, debidas a malos hábitos alimentarios. Comen muchas grasas (saturadas), beben (mucho) alcohol, fuman, etc. Se muestran casi incapaces de controlar sus apetitos y seguir una dieta correcta. Comen, siempre que pueden, cuando les apetece y lo que les apetece, pero el resultado no es muy ejemplar.
Es verdad que también crecen, entre los menores, ciertas enfermedades, como la diabetes, pese al férreo control que sufren por parte de los mayores, pero “gracias” a los productos alimentarios que estos elaboran para ellos, movidos en buena parte por intereses puramente lucrativos, y a los hábitos sedentarios que les imponen con el sistema educativo que han diseñado para ellos sin pedirles opinión y sin respetar su derecho al juego y al movimiento.

Es posible que los malos hábitos alimentarios de todas las personas, desde los menores a los adultos, se deba principalmente, aparte de a la abundancia de alimentos (de mala calidad) disponibles y a una educación moral muchas veces hedonista en el sentido más básico, a la manera en que los adultos imponen, obligatoriamente, a los niños y adolescentes, qué, cómo y cuándo deben comer y beber:

     - Por una parte, la imposición de horarios descoordinados del apetito acaba, seguramente, incapacitando al propio apetito para ser la guía natural que debía ser. Así puede darse la consecuencia de personas que coman a todas horas, compulsivamente, o personas que se olviden de comer.

     - Por otra parte, la imposición de ciertos alimentos y la privación de ciertos otros, seguramente genera el afán obsesivo de consumir lo prohibido y rechazar lo impuesto. Todo animal que se ve habitualmente privado de una fuente de energía, se “atiborra” cuando tiene acceso a ella, en previsión para épocas de escasez. La conducta de los niños con respecto al azúcar es, probablemente, similar. Aquellos niños a los que se permitió tomar los alimentos que preferían, aunque comenzaron consumiendo excesivos alimentos dulces, en poco tiempo fueron regulando su dieta. Los adultos, creyendo que lo que es bueno para ellos (pero que ellos mismos no llegan a consumir), como las verduras, es bueno para toda edad, imponen a veces alimentos que no aportan gran cosa al niño.

Pero peor que todo eso (que ya es grave), es el método despótico y coactivo con que generalmente se les impone la dieta (y el resto de actividades). De esto hablaré en otra ocasión con más detenimiento.

Por supuesto, los adultos no quieren nada más que el bien para sus hijos. Pero caen fácilmente en la dominación, dado que el grupo social de los adultos detenta, respecto de los menores, un poder casi absoluto. Ellos legislan, ellos controlan los medios de comunicación y ellos poseen la fuerza.

Las irresponsabilidades alimentarias de los adultos, se llaman ejercicio de la libertad; los apetitos de los menores, se considera vicios innatos.